El sobreprecio de los monopolios

Por Alejandro Rodríguez

El Gobierno Nacional denunció a cinco compañías petroleras en Argentina por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel a empresas de transporte de pasajeros y de carga, en comparación con estaciones de servicio donde se vende combustible al público en general. Cinco empresas son las implicadas en esta denuncia: Repsol-YPF, Petrobras, Esso, Shell y Oil Combustibles, que se estarían apropiando de un sobreprecio de aproximadamente 8,4%, lo que representaría un monto de 3500 millones de pesos al año.

Según la investigación hecha por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, más allá de los números que caracterizan la estafa de estas empresas, lo que les posibilita lucrar estas diferencias es su posición dominante en el mercado. No existe competencia que les dispute la oferta, y estas “cuatro o cinco empresas” acuerdan los precios para abusar de los consumidores, que no tienen otra opción que recurrir a ellos, porque nadie más puede brindar esos productos o servicios. Esta conformación de “carteles” es causa fundamental de esos monopolios de producción que posibilitan los procesos inflacionarios en la Argentina (vea “La Inflación: sus causas y posibles soluciones” de “INTEGRACIÓN NACIONAL SONO FILM”). Además cabe destacar que el Estado subsidia en diferentes escalas a las compañías petroleras, lo que agrava esta situación.

Más allá de las regulaciones que se puedan imponer, la solución está a la vista: para desarticular estos mecanismos monopólicos, es necesario posibilitar la generación de nuevas empresas que puedan competir con estas ya existentes. Para este fin, el Estado deberá ser el que otorgue las posibilidades a aquellos que quieran emprender las nuevas empresas o poner en carrera a las que están y no pueden hacer frente al monopolio, pues los intereses privados (antinacionales y/o extranjeros) han demostrado no tener más intención que el de concentrar las riquezas y dar la espalda a los argentinos.

Por el camino que ha trazado el Gobierno Nacional en los últimos 8 años, sabemos que tienen la legitimidad para avanzar sobre estos asuntos, a diferencia, por ejemplo, de los gobiernos de Carlos Saúl Menem que fue uno de los responsables, entre otras cosas de brindarles un marco legal a las empresas mencionadas para llevar a cabo el fraude.

Déficit en las provincias

Por Alejandro Rodríguez

En las provincias en las que las cuentas del Estado están más “flojas”, es donde el sistema tributario viene a provocar los ajustes primero. La estructura de recaudación de impuestos que acarreamos de la década de los 90´, de carácter regresivo, provoca que los gobiernos provinciales cuyas cuentas ya se encontraban en rojo, tengan que enfrentar en este 2012 un déficit aún mayor. Esta situación se da a pesar de que la recaudación durante 2011 ha sido mayor, debido a que el Estado Nacional debe enfrentar, en el marco de la crisis que atraviesa el mundo, la caída del superávit comercial y el descenso de las reservas de libre disponibilidad. El Estado Nacional recauda del total de la Nación un porcentaje mayor que el del gasto al que hace frente en cada una de las provincias. La recaudación es cercana al 80% mientras que cubre gastos aproximadamente por el 54%. Debido a este déficit, las provincias van a depender aun más del Estado Nacional, pues deberán esperar nuevos financiamientos o refinanciación de las deudas que ya existen.
Así, los gobernadores de Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Córdoba, Chaco, Catamarca y Mendoza ya han justificado fuertes medidas de ajuste para sus provincias para este 2012, como congelamiento de sueldos, eliminación de paritarias, aumento en las tarifas, recortes presupuestarios, despidos, entre otras muchas medidas.
“En Santa Cruz, cuando su gobernador, el kirchnerista Daniel Peralta, lanzó en cadena provincial el proyecto de ley de “emergencia económica”, desató un caos social. Propuso elevar la edad jubilatoria, eliminar “privilegios” de los empleados públicos, suspender la paritarias, pagarles en bonos a proveedores por cuatro años y subir impuestos a casi todos los sectores.(…) El jueves, en Río Negro, aprobó la Ley de Emergencia y con ella pasó a disponibilidad por 180 días hábiles a 20 mil empleados estatales en planta permanente (sobre un total de 47 mil). Además, habilitó el uso de cianuro en la minería con fines recaudatorios.”
“El caso de Córdoba y Mendoza, dos provincias con fuerte recaudación, no es diferente. En la primera aumentaron los impuestos hasta 40% y ya anticiparon que no habrá más de 12% de aumento para los 100 mil estatales provinciales en 2011. En Mendoza, Francisco Pérez dijo que congelará salarios para reducir el déficit de $ 2 mil millones, la mitad de los cuales usó para pagar salarios. En Catamarca, el presupuesto 2012 implica recortes de entre 30% y 40%. El Chaco, que gobierna Jorge Capitanich, también recortará gastos y salió a refinanciar deuda.” detalla diario Perfil al respecto.
La pregunta es que, si bien el Estado Nacional ha empleado los recursos obtenidos para, por ejemplo, poder regularizar la situación con los acreedores extranjeros, pudiendo así tener mucha más independencia de esta presión internacional, en el marco de la crisis: ¿hasta cuándo el Estado va a poder sostener los déficits de las provincias? ¿No es hora de pensar en un régimen fiscal más federal que desarticule la vieja y oxidada estructura económica que arrastramos desde el menemismo?
Una enorme voluntad política se requiere para tales objetivos. La modificación de la Constitución Nacional será necesaria, para darle una orientación a este aspecto, que federalice los recursos provinciales, para darles autonomía real a las provincias y para evitar que los Gobernadores deban recurrir a la generosidad del Estado Nacional, a las Inversiones Extranjeras o al tan indeseado y dañino ajuste.