El Gobierno Nacional denunció a cinco compañías petroleras en Argentina por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel a empresas de transporte de pasajeros y de carga, en comparación con estaciones de servicio donde se vende combustible al público en general. Cinco empresas son las implicadas en esta denuncia: Repsol-YPF, Petrobras, Esso, Shell y Oil Combustibles, que se estarían apropiando de un sobreprecio de aproximadamente 8,4%, lo que representaría un monto de 3500 millones de pesos al año.
Según la investigación hecha por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, más allá de los números que caracterizan la estafa de estas empresas, lo que les posibilita lucrar estas diferencias es su posición dominante en el mercado. No existe competencia que les dispute la oferta, y estas “cuatro o cinco empresas” acuerdan los precios para abusar de los consumidores, que no tienen otra opción que recurrir a ellos, porque nadie más puede brindar esos productos o servicios. Esta conformación de “carteles” es causa fundamental de esos monopolios de producción que posibilitan los procesos inflacionarios en la Argentina (vea “La Inflación: sus causas y posibles soluciones” de “INTEGRACIÓN NACIONAL SONO FILM”). Además cabe destacar que el Estado subsidia en diferentes escalas a las compañías petroleras, lo que agrava esta situación.
Más allá de las regulaciones que se puedan imponer, la solución está a la vista: para desarticular estos mecanismos monopólicos, es necesario posibilitar la generación de nuevas empresas que puedan competir con estas ya existentes. Para este fin, el Estado deberá ser el que otorgue las posibilidades a aquellos que quieran emprender las nuevas empresas o poner en carrera a las que están y no pueden hacer frente al monopolio, pues los intereses privados (antinacionales y/o extranjeros) han demostrado no tener más intención que el de concentrar las riquezas y dar la espalda a los argentinos.
Por el camino que ha trazado el Gobierno Nacional en los últimos 8 años, sabemos que tienen la legitimidad para avanzar sobre estos asuntos, a diferencia, por ejemplo, de los gobiernos de Carlos Saúl Menem que fue uno de los responsables, entre otras cosas de brindarles un marco legal a las empresas mencionadas para llevar a cabo el fraude.
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